En un detallado pronunciamiento leído con gran despliegue, un organismo multilateral de derechos humanos emitió una resolución instando al gobierno de Guatemala a proteger al presidente electo y a su vicepresidenta electa en un clima poselectoral caldeado de amenazas e incertidumbre.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer la resolución del 24 de agosto en la que ordena al gobierno guatemalteco tomar "todas las medidas necesarias” para proteger la “vida y la integridad personal” de Bernardo Arévalo y de su fórmula vicepresidencial Karin Herrera Aguilar, vencedores indiscutibles de las elecciones del 20 de agosto.
Según la resolución, ambos han enfrentado amenazas creíbles a sus vidas, las cuales se remontan al momento en que Arévalo dio la sorpresa al pasar a la segunda vuelta después de la jornada electoral del 25 de junio.
Un complot, según la comisión, era asesinar a Arévalo. En el contubernio estarían implicados funcionarios de gobierno no identificados y se habría llamado “Colosio”, una alusión a Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial mexicano asesinado en 1994.
Aunque el equipo de seguridad de Arévalo tenía conocimiento del complot desde el 4 de julio, no pudieron corroborar la credibilidad de las amenazas hasta el 15 de agosto, cuando autoridades del gobierno pusieron sobreaviso del peligro al partido.
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