Nuestro hermoso país ha padecido por más de seis décadas una violencia de diversa índole. Desde la política de fines de los 40 en el siglo pasado, pasando por la del narcotráfico de los años 70 y 80, hasta la barbarie de la guerrilla y los paramilitares en los últimos 50 años.
Las víctimas se cuentan por millones entre los muertos, secuestrados, los desplazados y niños reclutados a la fuerza, sin distingo de clase social.
Muchas regiones arrasadas con sus aparatos productivos destruidos deja el conflicto. Frente a los violentos, el Estado colombiano actuó para proteger la población sin cejar en el empeño de fortalecer sus instituciones –luego de que se alcanzara a considerar como un Estado casi fallido a comienzos de este siglo–, especialmente a sus Fuerzas Armadas y de Policía. Ello hizo posible recuperar para el Estado el monopolio del uso de las armas y el imperio de la ley.
Siempre estuvo presente la opción de la salida negociada. Así, hubo acuerdos para terminar la violencia partidista en 1957 (Frente Nacional); para reinsertar al M19, EPL, CRS y el Quintín Lame en 1990; de sometimiento a la justicia con los carteles del narcotráfico en 1991 y para desmovilizar a los paramilitares en el 2005.
Todos esos actores, incluyendo ahora las FARC, se sentaron a negociar ante la eventualidad de una derrota a manos del Estado.
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