El juez Rodrigo Estigarribia citó a audiencia de imposición de medidas a las exjuezas de Pedro Juan Caballero, Carmen Silva y Ana Aguirre, fijada para el 10 de febrero del próximo año, tras admitir la imputación que pesa sobre ambas procesadas.
Los agentes fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez Rivas y Luis Piñánez presentaron imputación contra las dos exmagistradas por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, prevaricato y frustración de la persecución y ejecución penal. Ambas aparecen mencionadas en los chats extraídos de los teléfonos celulares del fallecido exlegislador Eulalio Lalo Gómes y, según la investigación, habrían realizado tráfico de influencias para favorecer a personas sometidas a procesos judiciales.
De acuerdo con los antecedentes del caso, entre marzo y diciembre de 2020 y entre abril de 2021 y febrero de 2022, una de las entonces juezas habría solicitado la intermediación del exdiputado para que, mediante su influencia política, la favoreciera en su acceso al cargo de jueza penal de Garantías, a cambio de beneficiar a procesados en causas bajo su competencia.
Ambas exmagistradas integraron el Tribunal de Sentencia que absolvió a “Cachorrão”, procesado por el asesinato del periodista Leo Veras. La Fiscalía presume que dichas decisiones judiciales habrían sido adoptadas siguiendo directivas de Lalo Gómes, con el objetivo de favorecer a integrantes de grupos criminales.
Según la imputación, esta conducta se habría reiterado en varias causas posteriores. A modo de ejemplo, el 18 de octubre de 2020, el fallecido legislador habría solicitado a una de las juezas que intercediera ante la otra para beneficiar a un primo involucrado en una querella penal autónoma por calumnia y difamación en Pedro Juan Caballero.
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