La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió admitir la denuncia planteada ante el organismo por abogados de los campesinos condenados por el Caso Curuguaty. El Estado paraguayo tiene tres meses para presentar sus alegatos al respecto.
La CIDH decidió aceptar el proceso de estudio de la denuncia presentada contra el Estado paraguayo por parte de la defensa de los campesinos que fueron condenados por su participación en la masacre del 15 de junio de 2012 durante la cual perdieron la vida 17 personas (11 campesinos y 6 policías), conocida como el “Caso Curuguaty”.
La denuncia había sido presentada en 2014, bajo patrocinio del abogado y activista de Derechos Humanos español Aitor Martínez. El documento se basa en supuesta violaciones de las garantías procesales y la denegación de acceso a la justicia, derechos reconocidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El primer punto hace referencia la violación del derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, a un juicio con garantías y a la presunción de inocencia y menciona la parcialidad manifiesta con la que habría manejado el entonces fiscal Jalil Rachid, actual viceministro de Seguridad Interna.
En lo que a la denegación del acceso a la justicia se refiere, la denuncia habla de las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, intentos de desaparición forzada, torturas sistemáticas y denegación u omisión de auxilio que los órganos jurisdiccionales se negaron a investigar.
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