Ante el avance del coronavirus en Chile, con 238 casos, el presidente Sebastián Piñera decretó ayer un “estado de excepción constitucional por catástrofe” que deja en manos de los militares el orden público, en un país sacudido desde octubre por una crisis social.
La decisión de Piñera fue ampliamente respaldada por el mundo político y los expertos, que reclamaban extremar medidas de control para no repetir la experiencia de países como Francia e Italia, donde se dispararon los contagios rápidamente.
El mandatario optó por delegar en las Fuerzas Armadas la seguridad del país cinco meses después del estallido social que golpeó a su gobierno y derrumbó su popularidad, sobre todo por haber recurrido a los militares durante 10 días para controlar el orden público en octubre.
En un momento en que Piñera “goza de niveles de popularidad y de legitimidad muy bajos, debe responder a las recomendaciones de expertos y a la presión política que de modo transversal se impuso en los últimos días en Chile” a favor de medidas drásticas, dijo el analista de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella.
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