SANTIAGO DE CHILE (EFE). El Parlamento de Chile aprobó ayer una nueva ley de gastos reservados de los que gozan ciertas instituciones, con el objetivo de evitar fraudes y malversaciones de dinero público como ocurrió en el pasado con el Ejército o Carabineros (Policía militarizada).
La idea de este proyecto, que una vez sancionado en el Poder Legislativo tiene que ser promulgado por el Ejecutivo, es determinar qué son los gastos reservados, quién los puede utilizar, para qué fin y bajo qué condiciones.
Se entiende por gasto reservado cualquier egreso que realicen las entidades para el cumplimiento de sus funciones, “siempre que sean relativas al orden público, a la seguridad interna y externa del país, a la inteligencia y contrainteligencia, y que por su naturaleza deban ser reservadas o secretas”.
Y el uso se limita con la normativa a la Presidencia, el Ministerio del Interior, el de Defensa, la Cancillería, la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Agencia Nacional de Inteligencia.
Para evitar el mal uso de este dinero público, la legislación aprobada contempla ciertas medidas de control y probidad y la rendición de cuentas de forma interna y externa.
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