Además de investigar la utilización que la INC hizo de los US$ 80 millones provenientes de la colocación de los bonos soberanos, la Contraloría debe comprobar si los precios son razonables o sobrevaluados.
En junio de 2017, la INC presentó inversiones realizadas en las plantas de Vallemí y Villeta por valor de US$ 67 millones, que más tarde aumentó a US$ 80 millones. La financiación se hizo con recursos provenientes de la colocación de bonos soberanos durante el gobierno de Horacio Cartes.
Hasta la fecha, la cementera estatal no alcanzó los resultados que prometió en 2017, como aumentar el despacho hasta 90.000 bolsas por día. Según el portal de INC, ayer se despacharon 45.5330 bolsas.
Tras varias denuncias de licitaciones irregulares y escasez de cemento, se multiplicaron las dudas sobre el uso de la millonaria inyección, que debió destinarse al cambio del tipo de combustible que usa el horno de clínker en Vallemí, a la instalación de un nuevo molino de cemento en Villeta y a otras “inversiones”.
Los resultados de la suma gastada por la INC, no son visibles hasta hoy, porque ni el molino ni el horno funcionan eficientemente. Además, la suma erogada es superior al costo de todas las máquinas necesarias para la instalación de una nueva fábrica de cemento.
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