La Asesoría Jurídica recomendó el veto de la Resolución 710/2019 de la Junta Municipal de Ciudad del Este, en la cual se rechaza el pedido de ampliación presupuestaria del ejercicio 2019 emitido por el intendente Miguel Prieto Vallejos, de integrar el superávit al presupuesto, porque supuestamente carece de formalidad. Si se quiere ser más específico, la Junta Municipal, con el rechazo del pedido, lo único que demuestra es su total desconocimiento e inoperancia como legislativo municipal”, explicó el abogado Ricardo Romero Fatecha, de la Asesoría Jurídica. En el dictamen se señala que el fundamento del rechazo de la Junta Municipal es totalmente “incoherente e insuficiente”, debido a que se justificó el pedido de ampliación presentado el 14 de noviembre de este año.
La Asesoría Jurídica recomendó el veto de la Resolución 710/2019 de la Junta Municipal de Ciudad del Este, en la cual se rechaza el pedido de ampliación presupuestaria del ejercicio 2019 emitido por el intendente Miguel Prieto Vallejos, de integrar el superávit al presupuesto, porque supuestamente carece de formalidad. Por improcedente y porque la determinación de la Junta Municipal obedece a razones políticas y no jurídicas, se solicita el veto, según el dictamen del abogado Ricardo Romero Fatecha.
“Es importante tener en cuenta que si existe superávit o a falta de contrapartida presupuestaria de gastos solamente quedará en disponibilidad financiera, es decir, quedará depositado en el banco y sin uso. Si se quiere ser más específico, la Junta Municipal, con el rechazo del pedido, lo único que demuestra es su total desconocimiento e inoperancia como legislativo municipal”, explicó el abogado Ricardo Romero Fatecha, de la Asesoría Jurídica.
El asesor argumenta que el rubro relacionado con intereses por depósitos bancarios que se pretende incorporar al Presupuesto 2019 fue presupuestado, estudiado y ampliado por la Junta Municipal, que ahora cuestiona tal situación, al rechazar el pedido.
El superávit en una administración municipal sería el primer caso registrado en el país y en Ciudad del Este, ya que en la misma institución en años anteriores se recurría a préstamos para cubrir salarios y aguinaldos de funcionarios.
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