La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero, tuvo su novena reunión en la mañana del martes. En la ocasión fue invitada Cecilia Pérez, asesora de Asuntos de Seguridad del Ejecutivo. También fue convocado José Luis Chilavert pero se excusó de participar ya que no se encontraba en el país al momento de […]
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero, tuvo su novena reunión en la mañana del martes. En la ocasión fue invitada Cecilia Pérez, asesora de Asuntos de Seguridad del Ejecutivo. También fue convocado José Luis Chilavert pero se excusó de participar ya que no se encontraba en el país al momento de la convocatoria.
La funcionaria señaló que es importante el conocimiento que puedan llegar a tener los senadores de cómo funcionan los grupos, las infiltraciones que pueda existir en el sistema y sobre todo las alianzas que se puedan realizar. “Inclusive hablamos de la existencia de grupos de contrabando que tienen alianzas con grupos importantes como el PCC que incluso se ha hablado que tuvo esquemas de contrabando de vinos. Estas alianzas permiten introducir al mercado o al sistema financiero, de forma más fácil, el remanente de lo que se contrabandea que lo que se obtiene con la droga”, explicó.
Pérez explicó que le solicitaron documentaciones relacionadas a las denuncias formuladas por el Ministerio de Justicia, durante su administración, que no han tenido imputación pero que han tenido destituciones y sumarios. “Eso vamos a proveerles para que puedan hacer los reclamos correspondientes porque tenemos varios casos. Sabemos que quienes se complican con los internos, que están vinculados con el crimen organizado, siguen trabajando como si nada. Y si son destituidos, solo ese es el castigo, a pesar de estar vinculados con grupos criminales”, comentó.
En palabras del mismo Jorge Querey, senador nacional por el Frente Guasu y titular de la CBI, solo restan dos semanas más de trabajo antes de remitir el informe final. El pasado 9 de junio, mediante un proyecto de resolución, la Cámara Alta aprobó que el informe final de dicha comisión sea enviado al Congreso de los Estados Unidos y a organismos internacionales.
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