A través de una auditoría realizada a las obras del fallido metrobús, la Contraloría General de la República realizó 77 observaciones, entre las cuales señalan faltas de autorizaciones en Asunción y San Lorenzo para el inicio de las obras, así como millonarios ajustes en los contratos y falta de fiscalización. El proyecto ocasionó un perjuicio al Estado de poco más de US$ 29 millones.
En un informe de auditoría de más de 480 páginas, la Contraloría realizó en total 77 observaciones de las cuales 11 sirvieron de base para la imputación formulada por la fiscala María Estefanía González contra el ex titular del MOPC , la exviceministra de Finanzas Marta Regina Benítez Morínigo y el exgerente del Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, por el hecho punible de lesión de confianza.
Dicho documento está agregado a la investigación fiscal que se abrió tras la denuncia del ingeniero Ricardo Hermann Pankow Noguera, el 28 de mayo de 2018, con relación a supuestas irregularidades cometidas durante las obras de construcción del proyecto metrobús.
De acuerdo con datos señalados en la imputación, al momento de la firma del Contrato SG N° 100/2016 entre el entonces ministro de obras Ramón Jiménez Gaona y la empresa Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA, el valor era de G. 300.417.120.672, sin embargo, con los varios ajustes que se dieron tuvo un incremento del 34% llegando a G. 403.900.791.062 y, el perjuicio total a las arcas del Estado, según el Ministerio Público, ascendió a US$ 29 millones.
En el marco de esta causa, el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú ordenó el embargo sobre las cuentas bancarias de Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez y Guillermo Alcaraz, de la suma de G. 36.456.970.944 de cada una de ellas, totalizando el valor de G. 109.370.912.833, que representa el monto de los pagos realizados por los incoados durante su administración en el MOPC.
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