Hoy se cumplen dos años desde que el Senado paraguayo, dominado por el cartismo y sus aliados, perpetró uno de los atropellos más flagrantes contra la democracia en nuestra historia reciente: la destitución arbitraria de la senadora opositora Kattya González. El 14 de febrero de 2024, con apenas 23 votos y violando su propio reglamento interno que exigía un quorum de 30, la Cámara Alta la removió bajo la excusa de “uso indebido de influencias”, una acusación endeble que no resistiría el escrutinio de un proceso justo. Este insostenible argumento fue desestimado meses después por el Ministerio Público, por lo que quedaba en evidencia el atropello cometido desde el Parlamento paraguayo.
Hoy se cumplen dos años desde que el Senado paraguayo, dominado por el cartismo y sus aliados, perpetró uno de los atropellos más flagrantes contra la democracia en nuestra historia reciente: la destitución arbitraria de la senadora opositora Kattya González.
El 14 de febrero de 2024, con apenas 23 votos y violando su propio reglamento interno, que exigía un quorum de 30, la Cámara Alta la removió bajo la excusa de “uso indebido de influencias”, una acusación endeble que no resistiría el escrutinio de un proceso justo. Este insostenible argumento fue desestimado meses después por el Ministerio Público, por lo que quedaba en evidencia el atropello cometido desde el Parlamento paraguayo.
Esta maniobra no fue un acto de justicia, sino un golpe político orquestado para silenciar a una de las voces opositoras más votadas y combativas, que había denunciado corrupción y defendido reformas en un Congreso plagado de intereses oscuros.
La hipocresía del Congreso paraguayo es abrumadora. Los mismos senadores que impulsaron un reglamento en diciembre de 2023 para “proteger” la investidura legislativa, exigiendo una mayoría calificada de 30 votos, lo ignoraron descaradamente cuando se trató de eliminar a una adversaria incómoda. Si los paraguayos estaban acostumbrados a que “a las palabras se las lleve el viento”, con este acto atroz empezarían a asimilar que a las normas del Congreso, dictadas por los propios congresistas, también se las llevaría el viento cuando de defender sus intereses se trate.
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