Con el expediente ya bajo análisis de la Corte Suprema, el ministro Luis M. Benítez Riera deberá pronunciarse sobre los beneficios concedidos a Antonella Arámbulo, en un contexto marcado por de fuerte presión internacional que reabrió el debate sobre el uso del sistema penal paraguayo como…
El caso penal por hurto agravado que enfrenta la abogada Camila Antonella Arámbulo Garibaldi, denunciada por el periodista argentino Nicolás C. Morás se consolidó en las últimas semanas como un escándalo judicial de proyección internacional, luego de que tres observadores extranjeros advirtieran un presunto favoritismo sistemático hacia la imputada y un uso abusivo de la Ley 1.600 como mecanismo de censura contra la libertad de expresión y el ejercicio profesional de la defensa.
Entre los pronunciamientos más relevantes figura el de un alto funcionario y ex director de Naciones Unidas, Omar Bula Escobar, quien calificó el caso como una “perversión judicial”, al sostener que el sistema habría operado de manera inversa a su función esencial, restringiendo derechos fundamentales del denunciante en la causa principal y facilitando la obstrucción de la investigación penal a través de un mal uso de los recursos públicos.
A estas observaciones se sumaron otros analistas y periodistas internacionales. En particular, el diario estadounidense La Opinión publicó un extenso artículo firmado por Guadalupe Correa Cabrera, investigadora del Gobierno de Estados Unidos y consultora del Banco Mundial, en el que se enumeran múltiples irregularidades procesales y se menciona la posible existencia de una red de influencias políticas y jurídicas en torno a la imputada y su defensor Fermín Antonio Bogado Domínguez.
El expediente se originó tras la denuncia presentada por Morás, quien afirmó que a comienzos de 2025 Arámbulo sustrajo una suma significativa de dinero de una caja fuerte de su propiedad.
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