El juez Osmar Legal ratificó la inhibición de vender y gravar bienes contra dos ciudadanos libaneses investigados por la justicia argentina por presuntos vínculos con el atentado a la AMIA. Asimismo, el magistrado encargó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) la administración de cuatro empresas, donde uno de los investigados es accionista.
La medida cautelar firmada por el juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, se dictó en el marco de la solicitud de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal formulada por la Procuración General de la Nación de la República Argentina. La petición fue realizada por el fiscal federal Sebastián L. Basso, en la investigación del atentado contra la sede de la A, ocurrido en julio del 1994 en Buenos Aires y que dejó 85 muertos.
Osmar Legal, juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado. La petición de las autoridades argentinas tiene el propósito de bloquear los bienes a nombre de Hussein Mounir Mouzannar y Abdallahh Salman y se aplicó por primera vez en el año 2023, por el entonces juez Gustavo Amarilla, actual miembro del Tribunal de Apelación.
En la época, la defensa de Maunir Mouzannar, quien tiene cédula paraguaya y residía en Ciudad del Este, presentó un escrito a través del cual deslindaba responsabilidad en el ataque terrorista y solicitaba el levantamiento de las medidas.
A través del auto interlocutorio (AI) N° 183 de fecha 19 de mayo de 2024, a solicitud de los fiscales Federico Delfino y Francisco Cabrera, el juzgado ratificó la inhibición de vender y gravar bienes en contra de los ciudadanos libaneses mencionados. Esta medida afectó el patrimonio de las firmas Agrogado S.A, Polo Modas S.A., Agroganadera Santa Felicidad S.A.y Flor de Lis S.A., donde los mismos contaban con acciones.
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