La jueza María Eugenia Giménez, una de las tres integrantes del Tribunal de Apelaciones que decidió volver a enviar a juicio a Silvestre Olmedo -sacerdote que había sido absuelto en juicio por acoso pese a comprobarse manoseos a una joven-, explicó que la decisión se basó estrictamente en el análisis jurídico. Mencionó que el Tribunal que juzgó el caso había fundado su decisión en una definición de diccionario, en lugar de disposiciones de tratados internacionales firmados por el Paraguay e incluso una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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“Esta resolución del Tribunal de Sentencia (que absolvió a Olmedo) se había basado en que no se encontraban configurados los elementos objetivos del tipo penal acoso sexual”, recordó la jueza Gimenez, quien también citó textualmente el Artículo 133 del Código Penal, el cual establece que incurre en acoso “el que con fines sexuales hostigara a otra persona abusando de la autoridad o influencia que le confieren sus funciones. Será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años”.
Con estos hechos como contexto, la magistrada reprochó que el Tribunal de Sentencia haya utilizado una definición del diccionario para valorar supuestamente la comisión del delito y, sobre todo, para defender que supuestamente se requiere repetición de la acción para que se configure el acoso.
“Recurriendo a una interpretación lingüística derivada del diccionario de la Real Academia Española y también basados en alguna doctrina, dijeron que el hostigamiento requería necesariamente repetición de actos “, dijo Giménez, quien cuestionó duramente esta apreciación a la luz de otras jurisprudencias mucho más claras.
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