Así lo sostienen los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia con relación a la desestimación de uno de los casos denunciados como nepotismo en el Congreso Nacional, específicamente el de Alejandro Ovelar, hijo del senador Silvio Ovelar, al no configurarse los tipos penales obrantes en la denuncia formal. Antes de entrar al planteamiento […]
Así lo sostienen los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia con relación a la desestimación de uno de los casos denunciados como nepotismo en el Congreso Nacional, específicamente el de Alejandro Ovelar, hijo del senador Silvio Ovelar, al no configurarse los tipos penales obrantes en la denuncia formal.
Antes de entrar al planteamiento de fondo, conviene mencionar que los hechos denunciados a la luz de la opinión pública se basan principalmente en actos calificados como nepotismo en la función pública, el cual carece de sanción penal según el ordenamiento jurídico vigente.
De acuerdo con la definición prevista en la ley29, una conducta de nepotismo se configuraría cuando una persona, facultada para nombrar o contratar en cargos públicos, realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad en violación a las normas que regulan el acceso a la función pública.
Sin embargo, dicha definición no resultaría aplicable al caso particular, dado que los actos administrativos de contratación o nombramiento para cargos públicos lo realiza una persona que no se encuentra vinculada directamente por relación de parentesco o consanguinidad con el funcionario en cuestión.
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