El Poder Ejecutivo ha adoptado la decisión de vetar totalmente el proyecto de ley Nº 5789 que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2017, sancionado por el Congreso Nacional, ante la imperiosa necesidad de salvaguardar el bienestar general de la gente, la estabilidad macroeconómica y de las finanzas públicas y proteger la imagen del país ante la comunidad internacional, informó el Ministerio de Hacienda. “Ante las circunstancias planteadas y ante la necesidad de cumplir con las expectativas en materia de bienes y servicios públicos a favor de la población para el 2017 y, luego un profundo análisis, el Poder Ejecutivo considera como mejor opción mantener la vigencia del PGN 2016, por lo cual ha objetado totalmente el Proyecto de PGN 2017 sancionado por el Congreso Nacional”, según el Ministerio de Hacienda.
El Poder Ejecutivo ha adoptado la decisión de vetar totalmente el proyecto de ley Nº 5789 que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2017, sancionado por el Congreso Nacional, ante la imperiosa necesidad de salvaguardar el bienestar general de la gente, la estabilidad macroeconómica y de las finanzas públicas y proteger la imagen del país ante la comunidad internacional, informó el Ministerio de Hacienda.
Entre las razones por las cuales el gobierno de Horacio Cartes hace uso de esta atribución constitucional, está el aumento de los componentes rígidos del gasto y la discrecionalidad de los incrementos salariales aprobados en contravención a disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
El Proyecto de Ley objetado ha contemplado la asignación de aumentos salariales por encima del tope de crecimiento establecidos en la ley vigente, sin contar con estimaciones reales de financiamiento. El aumento de estos gastos rígidos obligaría al Ejecutivo a recurrir al recorte de programas sensibles incorporados en el Presupuesto, perjudicando enormemente a sectores vulnerables de la población.
“La falta de previsiones presupuestarias para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de deuda pública pone en riesgo la calificación soberana del país. El calendario del servicio de la deuda para el 2017, requiere el pago de US$ 316 millones, de los cuales solo se autorizaron US$ 144 millones. Esta situación, a su vez, tiene implicancias en el mercado, en la inversión privada e impacta negativamente en el crecimiento de nuestra economía”, según el comunicado de prensa.
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