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Santiago de Chile, 29 mar (EFE).- El futuro del controvertido cuerpo de Carabineros de Chile, policía militarizada envuelta en escándalos de corrupción y violación a los derechos humanos, es un punto permanente de conflicto entre la coalición de Gobierno, que apuesta por reformar la institución, y la oposición conservadora que pone obstáculos a la misma.
Un pulso que ha vuelto a colocarse esta semana en el centro del debate político tras la muerte en apenas quince días de dos agentes en procedimientos rutinarios, y pese a que el presidente, Gabriel Boric, pidió a los partidos evitar politizar la seguridad, principal inquietud de los chilenos.
El repunte de la polémica ha coincidido, asimismo, con la publicación este martes del informe anual de Amnistía Internacional, en el que la organización de defensa de los derechos humanos calificó de «preocupante» la falta de avances en la citada reforma del cuerpo, una de las promesas de campaña del mandatario.
En este tenso contexto, el Congreso acordó el lunes aprobar esta misma semana siete proyectos de seguridad, «legislación en caliente» -según expertos internacionales- impulsada por Juan Antonio Coloma, presidente del Senado y miembro de la Unión Democrática Independiente (UDI), partido ultraconservador fundado en la dictadura.
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