A tres años de la paralización del nuevo tren de molienda, infraestructura clave para el procesamiento de la caña dulce, los productores anuncian que evalúan retomar medidas de fuerza ante el incumplimiento del acuerdo firmado con el Gobierno Nacional y la imposibilidad de reactivar las obras. Sin embargo, una nueva licitación lanzada por el Gobierno se encuentra trabada por protestas administrativas presentadas por una empresa que, de acuerdo con los productores, ya había incumplido contratos anteriores. Actualmente, más de 2.000 cañicultores dependen de manera directa de la actividad, lo que implica una afectación a unas 45.000 familias entre productores, peladores, comerciantes y prestadores de servicios de los departamentos de Guairá, Caaguazú, Caazapá y Paraguarí.
A tres años de la paralización del nuevo tren de molienda, infraestructura clave para el procesamiento de la caña dulce, los productores anuncian que evalúan retomar medidas de fuerza ante el incumplimiento del acuerdo firmado con el Gobierno Nacional y la imposibilidad de reactivar las obras.
El reclamo fue expuesto por Cristian Fonseca, presidente de la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche, durante una entrevista con Central Radio 1140 AM. Fonseca sostuvo que, pese a que el proyecto registra un avance del 85 %, el 15 % restante impide que la planta entre en funcionamiento, generando pérdidas económicas crecientes y afectando directamente a miles de familias.
“Las piezas están debajo del tinglado, la base y la estructura ya están hechas. Todo está listo para el montaje, pero llevamos prácticamente dos años con los equipos parados, esperando”, afirmó.
Según el dirigente, el 8 de octubre pasado los cañicultores firmaron un acuerdo con autoridades nacionales, entre ellas el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Industria y Comercio y la presidencia de Petróleos Paraguayos (Petropar), que establecía como plazo de culminación de la obra septiembre de 2026. Sin embargo, una nueva licitación lanzada por el Gobierno se encuentra trabada por protestas administrativas presentadas por una empresa que, de acuerdo con los productores, ya había incumplido contratos anteriores.
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