Es muy importante que finalmente la Fiscalía General del Estado haya decidido conformar un equipo de fiscales para investigar las denuncias que se venían formulando, respecto de una presunta estructura de desinformación digital, denominada también campaña sucia, y atribuida al Gobierno. La Fiscalía General del Estado designó a las fiscales Marlene González, Laura Giacomo y Ruth Benítez para investigar las denuncias de una presunta estructura de desinformación digital, denominada también campaña sucia, atribuida al Gobierno de Santiago Peña, que habría operado a través de plataformas digitales y que, de acuerdo con las revelaciones de las últimas semanas, habría movilizado importantes recursos económicos. En este caso, como se está sugiriendo que la denominada campaña sucia se habría financiado con fondos públicos es todavía más urgente que el asunto sea investigado por la Fiscalía con absoluto rigor e independencia, ya que compromete nada menos que al estado de derecho. Ya el año pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había alertado en un informe, acerca de la presión gubernamental contra las voces críticas y las “tendencias autoritarias del oficialismo”, así como también la presión contra la oposición en el Congreso, y la manipulación de la pauta publicitaria estatal como herramienta de presión económica.
Es muy importante que finalmente la Fiscalía General del Estado haya decidido conformar un equipo de fiscales para investigar las denuncias que se venían formulando, respecto de una presunta estructura de desinformación digital, denominada también campaña sucia, y atribuida al Gobierno. Los hechos, de forma preocupante, son un amargo recuerdo de la dictadura.
Durante la dictadura de Alfredo Stroessner, que duró 35 años (1954-1989), no había libertad de expresión, y las escasas voces independientes estaban censuradas. Los medios de comunicación sufrían persecución y se dictaba cárcel para periodistas por emitir opiniones que no gustaban al dictador.
Eso cambió con el advenimiento de la democracia. La Constitución Nacional de 1992 incluyó protecciones para las libertades, entre ellas las de expresión y de prensa, y el derecho ciudadano a informarse.
El artículo 26 declara que está garantizada la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en la Constitución; tampoco se dictará ninguna ley que las imposibilite o restrinja. El artículo 27 dice que el empleo de los medios masivos de comunicación social es de interés público y que no se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento.
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