El 30 de diciembre Camilo Soares presentó una nueva chicana para trabar el inicio del juicio oral por corrupción. La Corte debe resolver si el proceso que tiene 10 años, y va camino a la impunidad, prescribió o no.
Con el patrocinio del abogado Álvaro Arias, Camilo planteó el 30 de diciembre una apelación general contra la providencia del 4 de diciembre de 2019 dictada por el tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, por la cual se ordenó que el juicio oral al extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se inicie el 3 de febrero próximo, a las 14:00.
El abogado Arias argumentó en su apelación ante la Cámara que el entonces juez penal de garantías Paublino Escobar dictó en la audiencia preliminar el AI N° 308 del 22 de abril de 2016, por el que resolvió elevar la causa a juicio oral y público, y que esta resolución fue recurrida ante la Cámara de Apelaciones, que igualmente confirmó esta disposición por AI N° 378 del 13 de noviembre de 2019.
Posteriormente, el 10 de diciembre, Arias recurrió a una casación contra el fallo de la Cámara ante la Sala Penal de la Corte, sin que hasta la fecha la máxima instancia judicial se haya pronunciado, por lo que la sentencia de elevación de la causa a juicio oral, puede ser revocada, refiere el defensor.
La Sala Penal de la Corte, integrada para el caso “coquitos de oro” con los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Miryam Josefina Peña, debe pronunciarse de manera previa antes de estudiar el recurso extraordinario de casación que tiene en su poder, si el caso ha prescripto o no por el transcurso del tiempo, ya que recientemente se habría cumplido 10 años desde que supuestamente se produjeron los hechos que provocaron la imputación penal de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
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