El Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, ordenó el reenvío a un nuevo tribunal para la realización de un juicio sobre la pena respecto a José Carlos Morel Chamorro, expolicía condenado por asesinar a balazos a su expareja, crimen por el que solo recibió 15 años de cárcel. La Abg. Norma Graciela Thomen […]
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, ordenó el reenvío a un nuevo tribunal para la realización de un juicio sobre la pena respecto a José Carlos Morel Chamorro, expolicía condenado por asesinar a balazos a su expareja, crimen por el que solo recibió 15 años de cárcel.
La Abg. Norma Graciela Thomen Olazar, en representación de la Querella Adhesiva, interpuso Recurso de Apelación Especial en contra de la SD Nº 192 del 23 de mayo de 2023, dictado por el Tribunal de Sentencias presidido por Lourdes Garcete Ortiz, e integrado por Rossana Maldonado y Manuel Aguirre; alegando en lo medular que la pena privativa de 15 años, no corresponde a lo probado en juicio, conforme a las Bases de Medición de la Pena, establecida en el Art. 65 del C.P.
“En el caso que nos compete, se ha probado y de hecho la Sentencia así lo ha resuelto; que la muerte de María Isabel Vega se ha realizado de manera violenta, la misma ha sido cosificada por el autor, y se ha subsumido su conducta en el artículo 50 Inc. a) y c) en concordancia con el art. 29 inciso 1º del C.P. de la Ley N° 5777/16 como Feminicidio, la cual es la forma más extrema de violencia contra la mujer, de las pruebas producidas durante el Juicio, como la autopsia, el video captado del momento exacto en el que ocurrieron los hechos, las pruebas documentales y así como las declaraciones...
Agregó que que conforme a los alegatos finales y las pruebas producidas, la pretensión punitiva del Ministerio Público fue de 30 años de pena, mientras que la Querella Adhesiva ha solicitado 30 años más 10 años de Medidas de Seguridad; “por lo que consideramos insatisfecha la pretensión punitiva asumida por el Tribunal de Sentencias Colegiado por unanimidad al condenar apenas a 15 años de pena privativa de libertad, con un agravio fundado a la familia de la víctima y la sociedad”.
Leer la nota completa en El Observador
