Hay tradiciones que siguen más vigentes que nunca. Una de estas es la de proteger a los intendentes amigos para que sus municipios no sean intervenidos. Recientemente, una mayoría de diputados colorados y liberales, salvo honrosas excepciones, votaron en bloque para salvar a intendentes que fueron…
Los diputados consumaron el salvataje a tres municipios sobre los cuales pesaban denuncias de irregularidades. Esto fue posible con mayorías aplastantes de la ANR y el PLRA que se unieron para ejecutar el denominado “pacto de impunidad azulgrana”. Excepto algunas honrosas excepciones, todos votaron por esconder debajo de las alfombra las denuncias.
Primero, salvaron a la intendenta de Valenzuela, Cordillera, la liberal Mirtha Fernández, quien está denunciada por supuesto desvío de fondos. Entre los antecedentes se mencionan que fueron hallados cheques que debían ser para el pago a contratistas, pero endosados por el hermano del tesorero municipal. Asimismo, se había presentado una lista de las obras de una dudosa calidad o que no aparecían en los sitios donde debían haberse hecho. La intendenta está imputada por supuesto desvío de fondos y el perjuicio sería de G. 1.200 millones.
Otro municipio que se salvó de la intervención es el de Puerto Casado, en el Chaco. El denominado pacto azulgrana enterró la posibilidad de intervenir el Municipio administrado por Hilario Adorno, quien está imputado. Este intendente está acusado de haber comprado una camioneta con el dinero público, además según el informe de Contraloría, pagó las obras de la casa de su madre con fondos municipales, también hay un presunto daño patrimonial con dinero de Fonacide por valor de G. 600 millones.
Otro caso es el de Ñemby, en Central, la administración de Tomás Olmedo que contrató a la empresa Mbarete para varias obras, una de ellas fue objetada por Contrataciones, cuyo informe señala que la firma beneficiaria sería de su socio. Los concejales objetan la suma de G. 9.000 millones sin respaldo.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
