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Cámara confirma proceso por presunta “tragada” en Municipio de Quyquyhó - Nacionales - ABC Color

Cámara confirma proceso por presunta “tragada” en Municipio de Quyquyhó - Nacionales - ABC Color

La Cámara de Apelaciones confirmó la resolución del Juzgado de Garantías que procesó a la esposa del diputado cartista Esteban Samaniego e intendenta del distrito de Quyquyhó, Patricia Corvalán, y otros imputados por el presunto desvío de G. 338.595.000, entre los años 2011 y 2017, de los fondos del municipio paraguariense. En esta causa también fue imputado el parlamentario colorado, pero el mismo sigue blindado por sus colegas de la Cámara Baja.

El Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado confirmó las resoluciones del juez de Garantías Humberto Otazú, y ratificó el proceso penal en contra de la intendenta de Quyquyhó Patricia Adriana Corvalán, esposa del diputado colorado ; y otros tres imputados por presunta administración en provecho propio y asociación criminal.

Las defensas de los procesados habían planteado recursos de reposición con apelación en subsidio contra la providencia del 11 de diciembre de 2023, dictada por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, admitiendo la imputación y dando apertura al proceso penal que investiga un presunto desvío de G. 338.995.000 de los fondos de la Municipalidad de Quyquyhó, departamento de Paraguarí.

Mediante las chicanas planteadas, los imputados lograron suspender la audiencia de imposición de medidas que el juzgado había fijado para el 20 de diciembre de 2023. Argumentaron que la imputación es nula porque no reúne los requisitos para ser admitido por el Juzgado Penal de Garantías, debido a que no explica cómo los investigados cometieron los supuestos hechos punibles imputados.

Con la resolución del Tribunal de Alzada, integrado por los camaristas Andrea Vera Aldana, Bibiana Benítez Faría y Arnulfo Arias Maldonado, el Juzgado de Garantías tiene vía libre para fijar una nueva fecha para la audiencia de imposición de medidas y analizar el pedido del fiscal de Delitos Económicos Silvio Corbeta Dinamarca, quien requirió medidas alternativas a la prisión para los 23 imputados en la presente causa.

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