El aporte de un legislador a la Caja Parlamentaria sobre las dietas y gastos de representación solo alcanza a cubrir alrededor de 4 años, tanto en la Jubilación Ordinaria (180 meses de contribución y 80% sobre lo aportado) y la Jubilación Extraordinaria (120 meses de aporte y 60% de lo percibido) para una expectativa de 70 años.
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En un ejercicio práctico que contempla los parámetros descritos y sin reajustes tanto en los conceptos sobre los cuales se aporta ni la eventual rentabilidad de los recursos depositados en el fondo, el descalce financiero que se genera en el sistema jubilatorio de solo 125 parlamentarios es importante.
De una base de ingresos de G. 37.076.740, un legislador que eventualmente se acogerá a la jubilación ordinaria o extraordinaria, aporta la suma de G. 8.156.883, es decir, el 22% de su salario de manera mensual. Al cabo de un año, su aporte asciende a G. 97.882.594. En 180 meses, 15 años o tres periodos legislativos, alcanza a contribuir G. 1.468.238.904, mientras que en 120 meses, 10 meses o dos periodos siendo congresista, aporta G. 978.825.960.
Si en ambos casos se aplicara una expectativa de vida de 70 años y teniendo en cuenta que la Ley N° 6112/18 del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo y sus modificaciones contempla el derecho a la jubilación desde cumplidos los 55 años de edad, el periodo jubilatorio sería de 15 años. Para el caso del legislador que se jubila por el sistema ordinario, debió haber aportado G. 5.339.050.560; sin embargo, no alcanzó siquiera la mitad del ahorro y para el caso extraordinario solo acumuló G. 4.004.287.920, cuyo aporte durante el periodo activo fue mínimo.
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