La abogada Giselle Rivas, directora de la Dirección de Conciencia de la Defensoría del Pueblo, habló sobre un proyecto que se pretende convertir en ley
Con las modificaciones que se pretenden hacer a la ley de Objeción de Conciencia lo que se busca es agilizar los trámites. (Foto: Ilustración)
La abogada Giselle Rivas, directora de la Dirección de Conciencia de la Defensoría del Pueblo, habló sobre un proyecto que se pretende convertir en ley para modificar las actuales reglas en lo que tiene que ver con el el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, impuesta para quienes optan por no hacer el servicio militar obligatorio.
“La actual ley coloca muchos condicionamientos, mucha burocracia que encarece los servicios públicos, entonces en ese sentido aparte de reconocer las garantías para el ejercicio del derecho, buscamos descomprimir los procesos burocráticos”, comentó.
Actualmente el proceso de declaración de objeción de conciencia para una persona afectada por la obligatoriedad del servicio militar puede durar entre 1 o 2 años. “Esto debido a que cada paso que el objetor pretenda dar en el avance de su solicitud tendrá que ser autorizada por la figura Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, y reunir a todos sus miembros con la frecuencia necesaria para dar agilidad a los trámites es súper complicado”, puntualizó.
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