Hay formas evidentes de subversión, y otras más sutiles, más corrosivas y mucho más peligrosas. Lo que ha destapado la
Hay formas evidentes de subversión, y otras más sutiles, más corrosivas y mucho más peligrosas. Lo que ha destapado la prensa europea en estos días es una de esas últimas: un esquema oscuro, institucionalizado y cínicamente planificado por Bruselas, en el que la Comisión Europea financia a ONGs «climáticas» para que hagan lobby a favor de sus propias políticas, en contra de los intereses económicos e industriales de los propios Estados miembros.
¿La excusa? El ya desgastado Pacto Verde Europeo. ¿La estrategia? Financiar con dinero público a activistas disfrazados de sociedad civil para que presionen a eurodiputados y gobiernos nacionales y así forzar normativas ecológicas que no fueron genuinamente debatidas ni aprobadas desde abajo, sino impuestas desde el corazón burocrático de una estructura que cada vez responde menos a los pueblos de Europa.
Lo ha dicho sin rodeos el diario De Telegraaf: ONGs ambientales fueron subvencionadas a cambio de «resultados concretos» en la modificación de leyes, con cláusulas explícitas para que reporten cómo influyen en votaciones clave. Esto no es filantropía, ni asistencia al desarrollo institucional: es corrupción institucionalizada, y peor aún, es una forma de ingeniería política en la sombra.
Mientras tanto, las empresas europeas, ya asfixiadas por la regulación ecologista extrema, observan impotentes cómo son atacadas desde dentro, con fondos que ellas mismas financian mediante impuestos. Las naciones pierden competitividad. Las industrias se deslocalizan. Y todo en nombre de una cruzada climática que, bajo su barniz moralista, esconde una agenda claramente antiproductiva.
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