El juez de garantías Rodrigo Estigarribia resolvió la reapertura de la causa penal seguida contra Rodrigo David Díaz Acosta, Ernesto Ramón Paniagua Brítez y Gladys María Concepción Sosa Barboza, quienes se encuentran procesados por la presunta comisión de los hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos, lavado de activos y asociación criminal. La decisión se […]
El juez de garantías Rodrigo Estigarribia resolvió la reapertura de la causa penal seguida contra Rodrigo David Díaz Acosta, Ernesto Ramón Paniagua Brítez y Gladys María Concepción Sosa Barboza, quienes se encuentran procesados por la presunta comisión de los hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos, lavado de activos y asociación criminal.
La decisión se da a partir de la acusación formulada por la agente fiscal Irma Llano, quien además solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.
Según la acusación del Ministerio Público, los procesados habrían integrado una estructura organizada con ramificaciones internacionales, orientada a la comisión de fraudes informáticos y posterior blanqueo de capitales a través de plataformas de activos digitales. El esquema investigado tendría su origen en un ataque de phishing perpetrado contra una cuenta bancaria del Banco Macro, en la República Argentina, desde la cual se habría concretado la sustracción de aproximadamente 3.000.000 de pesos argentinos.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, tras la obtención del dinero, los fondos habrían sido canalizados hacia el ecosistema de criptomonedas con el objetivo de dificultar su rastreo. En ese contexto, el dinero habría sido convertido a la criptomoneda USDT (Tether) mediante la plataforma Ripio, una operación que, según los investigadores, constituyó el primer paso en el proceso de lavado.
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