La Fiscalía desestimó las denuncias contra la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías (ANR, cartista); el titular de Conajzar, Javier Balbuena, y el presidente Horacio Cartes por “abrir el camino” para que el valioso inmueble de 11 hectáreas donde funciona la Aduana, en la cabecera del Puente de la Amistad, se destine para construir un hotel casino privado.
La decisión fue tomada calladamente por la fiscala Analía Rodríguez, esposa del ex secretario general de la jefa comunal esteña Óscar Ocampos, cuando ella era responsable de la Unidad 9 del Ministerio Público de Ciudad del Este, de donde fue trasladada a Presidente Franco hace alrededor de un mes.
Las dos causas desestimadas se abrieron a partir de denuncias presentadas por el abogado de funcionarios de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Nicolás Russo.
En la causa 430/2017 se investigaba por usurpación de funciones públicas y asociación criminal a la intendenta Sandra McLeod de Zacarías Irún y a los concejales colorados del periodo anterior, quienes aprobaron la ordenanza 002/2015, que declara el inmueble de la ANNP como área para la instalación de un hotel casino de una cadena internacional, incluso cuando el terreno no es municipal y sin tener en cuenta que el artículo 16 de la Ley 1066/65 que prohibe al directorio de Puertos usar su patrimonio para cuestiones comerciales, financieras o industriales extrañas a su función.
En ese expediente, la fiscala interina Claide Acosta había pedido a la propia intendenta investigada que explique el alcance de la ordenanza. Russo había cuestionado la medida alegando que en el Código Procesal Penal no está configurado como elemento procesal “algo que se llame explicación del alcance del hecho punible denunciado”.
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