El resultado de la auditoría realizada por el Poder Judicial recomienda remitir los antecedentes del actuar de la jueza Lici Teresita Sánchez a la Superintendencia General de Justicia y al Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados. Es en base al procedimiento llevado a cabo en el proceso de la exestudiante de la UC, Belén Whittingslow, por la supuesta compra de notas.
El informe de la Auditoría del Poder Judicial refiere que el mismo día, 21 de junio, que el Tribunal de Apelaciones rechaza el pedido de prescripción, así como el pedido de aclaratoria de los defensores de Belén Whittingslow, acusada en la investigación por la presunta compra de notas en la Universidad Católica, la jueza Lici Teresita Sánchez resolvió declarar la rebeldía de la mujer. Además, canceló la intervención de los abogados defensores y dispuso la desvinculación de estos del Sistema Informático Judisoft.
Al respecto, el documento expedido por el Poder Judicial recuerda que “las partes no podrán nombrar durante la tramitación de la causa, apoderados o patrocinantes que se hallaren, respecto del magistrado, en una relación notoria para obligarle a inhibirse por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 20”; por ende, los jueces y tribunales pueden cancelar nombramiento o patrocinio que se haga, infringiendo esta prohibición. Sin embargo, señala que esto no se aplica a los abogados designados por el imputado en su primer acto de intervención en el procedimiento.
También hace hincapié en que los jueces no pueden “bajo pretexto de incurrir en faltas disciplinarias, restringir la defensa o limitar las facultades de las partes”. En ese sentido, en la auditoría se entendió que la exclusión de los defensores del sistema informático constituyó un impedimento para el ejercicio de las facultades procesales.
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