Los implicados en el escándalo de tráfico de influencia en la Justicia que salió a la luz mediante la filtración de escuchas telefónicas alegan como defensa que los audios son ilegales y no sirven como prueba.
En el video, Santiago González explica lo que dice al respecto la Constitución Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Código Procesal Penal. Dale play.
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