Emiliano Rolón presentó su renuncia como fiscal general del Estado, dejando sin efecto el proceso de juicio político impulsado en la Cámara de Diputados.
La dimisión fue presentada ante el Poder Ejecutivo, argumentando dudas sobre la autoridad competente para recibirla, según lo establecido en el artículo 269 de la Constitución Nacional.
Tras su salida, deberá asumir interinamente un fiscal adjunto de mayor antigüedad, mientras el Consejo de la Magistratura convoca a un nuevo concurso para conformar la terna de candidatos a sucederlo.
Por su parte, legisladoras como Rocío Vallejo sostienen que Rolón debe ser investigado penalmente por presuntos hechos de tráfico de influencias, sometimiento al poder político y obstrucción de la persecución penal.
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