Con el argumento de que las cárceles de Paraguay no reúnen las condiciones adecuadas, Marcelo Barone y Elizabel Vázquez, buscan evitar la extradición en el caso Cajubi. En 15 días se conocerá la decisión.
Los fiscales Aldo Cantero y Victoria Acuña, además del embajador paraguayo en el Reino Unido, Genaro Pappalardo, el encargado de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Rubén Ortiz; el director jurídico de Itaipú, Luis Breuer, y el gerente general de la Cajubi, Gustavo Cáceres, participaron de la audiencia ante la Corte Suprema del Reino Unido.
También estuvieron presentes en carácter de intervinientes Peter Caldwell y Annie Condway, fiscales de Gran Bretaña.
Asistidos por dos estudios jurídicos, Marcelo Barone y Elizabel Vázquez basaron su defensa ante dos de los tres integrantes de la Corte que llevan el caso, en que las cárceles paraguayas no respetan el artículo 3 de derechos humanos de los europeos. Ambos tienen pasaporte del Reino Unido.
Sin embargo, la fiscalía paraguaya presentó documentos que demuestran que los presidios en Paraguay reúnen las condiciones adecuadas para el efecto, lo cual está garantizado por el Estado paraguayo.
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