El director nacional de Aduanas, Julio Fernández, confirmó esta mañana que la firma Censu, representada por el estudio jurídico de Juan Ernesto Villamayor, “de manera inescrupulosa” utilizó una laguna jurídica para ingresar automóviles sin pagar los impuestos que correspondían. Aseguró que decidieron no aplicar la condena ni la multa porque implicaba que las demás importadoras de vehículos reclamen unos US$ 100 millones y la pérdida hubiese sido mayor para las arcas del Estado.
Fernández primeramente admitió que Aduanas en 2018 confirmó que Censu tuvo “conductas inescrupulosas” al importar vehículos nafteros y declararlos como flex, que tienen cero aranceles. Sin embargo, afirmó que lo que hizo cambiar de opinión a su dirección y no aplicar las multas fue que, en segunda instancia, detectaron una potencial pérdida de US$ 100 millones.
Explicó que eso se debe a que la firma Censu se valió de un decreto reglamentario que data del año 2009, que debido a una mala redacción indicaba que los vehículos flex también eran aquellos que utilizaban cierto porcentaje de etanol o la combinación con nafta “en cualquier proporción”. Explicó que según esa normativa no existían vehículos nafteros.
Agregó que ese decreto había sido modificado anteriormente para corregir el error, pero de manera “llamativa” después se volvió a “cercenar” el decreto para permitir la laguna legal que posibilitaba la evasión de impuestos.
El director de Aduanas señaló que fue el administrador Basilio Bogado el que, en primera instancia, detectó una irregularidad en el ingreso del cargamento de vehículos de Censu, el 13 de febrero de 2018. A raíz de ello decidieron imponer el pago de G. 22 millones, por los impuestos evadidos y por multa.
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