La institución debe pagar indemnizaciones de entre G. 200 millones y G. 500 millones a funcionarios que sufrieron disminución de sueldo y despidos injustificados.
Johana Gavilán, funcionaria despedida por Friedmann, dijo que tiene la sentencia de reposición de la Corte Suprema de Justicia desde el 10 de marzo del 2014, pero que el ex gobernador se pegó el lujo de desacatar en todos estos años gracias a sus influencias políticas. “Nunca se dio por enterado, no se daba por notificado, prohibía que los funcionarios de mesa de entrada reciban las notificaciones. No hubo un juez que le haga cumplir la ley”, comentó la afectada.
Leer la nota completa en Diario La Nación