La Corte Suprema de Justicia aprobó este miércoles una acordada mediante la cual la coordinación de la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia de San Lorenzo pasará a estar bajo supervisión directa de magistrados. La medida busca fortalecer los mecanismos de control en esta dependencia, tras la reciente denuncia de presuntas irregularidades en la atención a una usuaria.
Según lo señalado por los ministros, la decisión apunta a mejorar el funcionamiento de un servicio considerado altamente sensible, debido a la naturaleza de los casos que atiende. En ese contexto, el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, afirmó que se trata de “un intento de mejorar, en vista de lo ocurrido en esta oficina”.
En paralelo, el Consejo de Superintendencia dispuso la apertura de un sumario administrativo y la suspensión preventiva sin goce de sueldo de dos funcionarias, ante la presunta comisión de faltas en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con los antecedentes del caso, ambas habrían incurrido en conductas incompatibles con sus responsabilidades laborales, al encontrarse en una situación ajena a sus tareas durante el horario de trabajo y dentro de la propia oficina, espacio destinado a la atención de personas en situación de vulnerabilidad, al momento de «spa» en la dependencia.
Las autoridades judiciales señalaron que la medida responde a la gravedad de los hechos investigados y a la necesidad de garantizar la continuidad y calidad del servicio. Asimismo, se designó a una jueza instructora para llevar adelante el proceso, que tendrá como objetivo determinar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.
Leer la nota completa en Judiciales Paraguay
