Daniel Antonio Fernández, hasta hace poco jefe de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), fue destituido de su cargo, según confirmaron fuentes oficiales. La decisión, tomada en coordinación con la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos), se produce días después de que el presunto narcotraficante Sebastián […]
Daniel Antonio Fernández, hasta hace poco jefe de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), fue destituido de su cargo, según confirmaron fuentes oficiales. La decisión, tomada en coordinación con la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos), se produce días después de que el presunto narcotraficante Sebastián Marset lo señalara en una carta filtrada como el “mayor narcotraficante” de Paraguay.
Marset, prófugo de la justicia y vinculado a la causa A Ultranza Py, aseguró en su misiva que Fernández, quien participó activamente en dicha investigación, tenía un rol central en actividades ilícitas. “La Senad, principalmente Daniel Fernández, se sentaba a sacar cuentas él más su gente de confianza de cuántos kilos llevaba en las vueltas”, afirmó Marset, añadiendo que “sin el permiso de él no se hacían las cosas” y que, al ser parte del Gobierno, era un “delincuente con diploma”. Además, lanzó una advertencia al pedir que se “respete el narcotráfico” para evitar consecuencias.
La destitución de Fernández ha generado preocupación entre quienes participaron en la operación A Ultranza. La exministra de Justicia, Cecilia Pérez, expresó su inquietud por la seguridad de figuras clave en el caso, como el fiscal Antidrogas Deny Yoon Pak y la jueza Rosarito Montanía. Pérez señaló que la salida de Fernández, junto con la retirada de custodia a Zully Rolón, exministra de la Senad, parece enviar un mensaje intimidatorio. “El prófugo le ataca a alguien y ese es destituido”, lamentó, destacando el riesgo no solo físico, sino también el intento de desmotivar a quienes luchan...
La Senad no ha emitido un comunicado oficial sobre los motivos específicos de la destitución, pero la dependencia del SIU de la DEA sugiere que la decisión responde a una evaluación conjunta. Este caso pone de manifiesto los desafíos que enfrenta Paraguay en su lucha contra el narcotráfico, especialmente cuando figuras públicas son señaladas por actores criminales de alto perfil.
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