De espaldas, la fiscal Nilsa Torales entre dos agentes de la Policía durante el procedimiento de incautación. El oriental será imputado. Un desacuerdo económico entre protectores del contrabando que fungen de funcionarios aduaneros destacados en la función pública habría generado la intervención
De espaldas, la fiscal Nilsa Torales entre dos agentes de la Policía durante el procedimiento de incautación. El oriental será imputado.
Un desacuerdo económico entre protectores del contrabando que fungen de funcionarios aduaneros destacados en la función pública habría generado la intervención de la fiscal Nilsa Torales, en su primer día como agente especializada en contrabando. El hecho originó la incautación de 19.740 kilos de azúcar de un complejo de depósitos sin denominación ubicado en el barrio Obrero, que sería propiedad del oriental José Tran Thach, mayor de edad.
La representación pública ordenó el traslado de las mercaderías consistentes en 658 fardos de azúcar, distribuidos en paquetes de 30 kilos cada uno, a los depósitos de Algesa, en razón a que las documentaciones presentadas por el supuesto dueño, no se condicen con el producto incautado que son de marcas brasileras y anunció su imputación penal.
El viejo trámite de pagar a funcionarios públicos a cambio de protección a contrabandistas salta de nuevo al tapete, dado que los denunciantes del caso son personales asignados al centro de operaciones de investigación aduanera. Estos habrían tenido diferencias con los contrabandistas en razón a que quisieron elevar el costo de la protección, atendiendo que la fiscal interviniente estaba en su primer día de trabajo en la unidad especializada.
Leer la nota completa en La Clave
