La Cámara de Apelaciones anuló la elevación a juicio oral de un caso de narcotráfico, por transgresiones de garantías y derechos procesales. Los camaristas cuestionaron duramente la actuación de la Fiscalía y se hará una nueva audiencia preliminar.
Los camaristas de la Primera Sala, Pedro Mayor Martínez (primer opinante), Gustavo Santander Dans y José Agustín Fernández, objetaron por unanimidad la labor investigativa de la Fiscalía, y resolvieron que se debe volver a realizar una nueva audiencia preliminar al quedar nulo el Auto Interlocutorio (A.I.) N° 483 del 12 de junio de 2019, por el cual se elevó esta causa a juicio oral.
Los camaristas argumentaron que la “pericia biométrica” que fue introducida como prueba por la Fiscalía en la audiencia preliminar y admitida por el juez penal de garantías Humberto Otazú, “no ha sido producida en la etapa correspondiente, y que en ese sentido hubo violaciones a los derechos establecidos en el Art. 17 de la Constitución Nacional, en relación a la defensa, en el control del trabajo que debe ser desplegado por el Ministerio Público, para incorporar esos elementos de convicción”.
La Cámara también insta a la agente fiscal Antidrogas Lorena Ledesma a que observe de nuevo algunas decisiones, que “sean de nuevo analizadas, y que sopese con su criterio la solvencia de los demás elementos de convicción presentados en la acusación, y que evalúen en su caso la decisión de este Tribunal de Apelaciones, sin indicar las opciones procesales pertinente que podrían darse, determinar que se abra un abanico de posibles salidas procesales, que tendrá que ser considerado por el acusador...”.
Agrega el Tribunal de Apelaciones, en su Auto Interlocutorio N° 324 de 14 de agosto pasado, que la realización de una nueva audiencia preliminar evitará nulidades ulteriores en etapas más avanzadas, por lo que se resolvió revocar la resolución apelada. La nueva audiencia preliminar debe llevarse a cabo ante la presencia de un nuevo juez penal de garantías.
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