De acuerdo con los antecedentes, el brasileño Nativo Rocha Da Lapa cuenta en su haber múltiples denuncias y vinculaciones con actividades relacionadas a crímenes ambientales, principalmente desmontes o tala ilegal de árboles en miles de hectáreas en Alto Paraná, que posteriormente pasan a ser explotadas por potentados sojeros, generalmente extranjeros. Nativo se burla sistemáticamente de […]
De acuerdo con los antecedentes, el brasileño Nativo Rocha Da Lapa cuenta en su haber múltiples denuncias y vinculaciones con actividades relacionadas a crímenes ambientales, principalmente desmontes o tala ilegal de árboles en miles de hectáreas en Alto Paraná, que posteriormente pasan a ser explotadas por potentados sojeros, generalmente extranjeros. Nativo se burla sistemáticamente de la Ley Nº 716/96, además de otras leyes y disposiciones ambientales, arrasando con zonas protegidas como reservas, extendiendo áreas para la producción agrícola.
Nativo Rocha Da Lapa estaría obteniendo impunidad gracias a sus conexiones, presuntamente sobornando a autoridades del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Fiscalía, DEBOA e INFONA. El mismo cuenta con una flota de maquinarias pesadas como topadoras, retroexcavadoras, tractores, y camiones, ofreciendo servicios de demontes ilegales en el décimo departamento. Su base de operaciones sería la zona de Gleba 8, distrito de San Alberto.
En el año 2015, Nativo Rocha Da Lapa había sido imputado por el desmonte de 820 hectáreas, registrada en su estancia, denominada Timburí, ubicada en el distrito de Itakyry. La fiscal especializada en delitos ambientales, Zunilda Ocampos Marín, había formulado imputación contra Rocha Da Lapa por hechos punibles en marco de la Ley Nº 716, artículo 4° inciso a y c, que tiene una pena de tres a ocho años de cárcel.
Sin embargo, el mismo fue desvinculado del caso luego de presentar un dudoso contrato de alquiler de la finca, recayendo toda la responsabilidad contra un humilde tractorista, identificado como Eulogio Rojas. Con esto, la agente del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo del brasileño. De esta forma, dejó groseramente impune al verdadero responsable del criminal desmonte y ni siquiera investigó si Rojas tenía condiciones económicas de arrendar la estancia, propiedad de Rocha Da Lapa.
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