TOBATÍ. Clara Griselda Méndez vive con su marido Alcides García y sus dos hijos desde hace cuatro años en una vivienda social construida por la Secretaría Nacional de la Vivienda y Hábitat (Senavitat), actual Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.
El problema es que paga un alquiler de G. 250.000, además de G. 80.000 mil en concepto de uso de energía eléctrica, agua potable y un canon por limpieza.
La vivienda había sido adjudicada, según menciona, a Teresa de Jesús Pereira Caballero, quien nunca ocupó la vivienda porque presuntamente reside en otra ciudad y cuenta con una casa.
Supuestamente, el hermano de la adjudicada, Rubén Pereira, es quien cobra a la familia de Méndez y García el alquiler y los demás gastos, por mes adelantado y sin expedir ningún tipo de recibo.
La familia desea acceder a una casa propia y ya realizó más de tres pedidos al Ministerio de Urbanismo.
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