La Justicia en el Paraguay es un objetivo que históricamente ha sido- y es hasta ahora-, para el ciudadano más una aspiración que un Derecho; y para el Estado, una declaración ambiciosa en intenciones, en las Constituciones y en declaraciones formales, pero que constituye un deber incumplido hasta ahora, a pesar de los esfuerzos de algunos patriotas.
Los problemas para alcanzar esa Justicia tan anhelada en nuestro país me recuerdan a algunos de los problemas matemáticos que no han logrado ser resueltos por la ciencia, no obstante, el tiempo transcurrido desde la invención de la aritmética.
Y es que buscamos incesantemente resolverlos desde el diseño constitucional y leyes complementarias, cuando el problema principal parece estar en otro lado; la integridad y el coraje de los que son electos para cumplir los roles asignados. Los intereses personales, la ambición desmedida, los intereses políticos de los grupos que manejan las instituciones hicieron trizas las viejas virtudes paraguayas de austeridad y patriotismo que adornaron a un ciudadano ilustre, irrepetible, como Eligio Ayala.
¿En qué se han convertido instituciones esperanzadoras –en su momento- como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? ¿El Ministerio Público y la Universidad Nacional, la Facultad de Derecho? ¿Y también instituciones privadas como el Colegio de Abogados? Yo lo voy a decir: se han convertido en caricaturas de los nobles propósitos que inspiraron su creación, una burla sarcástica.
Hemos llegado al colmo de que el Gremio de Abogados eligió a un representante para el Consejo de la Magistratura en elecciones directas declarado significativamente corrupto, como es el caso del abogado Jorge Bogarín Alfonso y a su vez la responsabilidad de los parlamentarios al haber elegido a dos personajes sin capacidad ni título comprobado, Orlando Arévalos y Hernán Rivas, llegando a la presidencia del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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