La licitación para la tercerización de la operación de los peajes está adjudicada a un oferente que habría mentido para acreditar su experiencia. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no cancela aún el llamado y alega que mantiene en carrera al oferente por “temor” a ser demandado.
Ramón C. Álvarez-CDD es el consorcio al que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) quiere adjudicar la licitación para la operación de los peajes por G. 42.617 millones. Si no lo hizo todavía es porque justo antes de la adjudicación recibió una comunicación vía correo electrónico de la Corporación Vial del Uruguay, que le advertía que la empresa uruguaya integrante del consorcio –Ramón C. Álvarez– mintió en la acreditación de su experiencia.
Ayer le preguntamos a Marta Benítez, viceministra de Finanzas, por qué el MOPC mantiene en carrera a un oferente sobre el que pesa la sospecha de haber mentido, y respondió que no tienen elementos suficientes para cancelar el llamado y hasta que tienen temor a ser demandados.
“No hay elementos legales para cancelar este llamado. Álvarez podría verse perjudicado”, dijo.
La Ley 2051, “De Contrataciones Públicas”, dice claramente que la entidad convocante del llamado, en este caso el MOPC, conserva la atribución de cancelar los procesos licitatorios en cualquier etapa, antes de la firma del contrato, y que los oferentes no tienen derecho a reclamar indemnización.
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