Un tema actual que impresiona al derecho penal económico radica en la utilización del “compliance program”; es decir, aquel programa de cumplimiento que debe ser instaurado por todas las empresas y/o corporaciones que se relacionan lícitamente en el mundo financiero.
Dicho programa de “compliance” viene a exponer aquel resultado de que una corporación va generando a través de los lineamientos internacionales, efectivizando las obligaciones de control preventivo. Ciertamente, su utilidad la observamos en diferentes ámbitos, sea con la finalidad de evitar el blanqueo de capitales dentro del régimen financiero, o con proyección de seguridad laboral/empresarial de protección de datos.
La trascendencia del “compliance” se evidencia luego de ciertos escándalos de corrupción y sobornos multinacionales en la década de los años 70 en los Estados Unidos, lo que motivó a que existan leyes de control de mercado de valores ante la proliferación de prácticas fraudulentas. Así, se empiezan a desarrollar mejores sistemas de transparencias con estándares claros y éticos.
El “compliance” recoge la actitud positiva de las personas jurídicas, como buen ciudadano corporativo, ante una adecuación ética y de autorregulación, a fin de que dicha responsabilidad preventiva de ilícitos no recaiga solo en el Estado.
Ciertamente, en algunos sistemas legales, la responsabilidad penal de las personas jurídicas sigue la arista del principio “societas deliquere non potest”, mientras que otros sistemas establecen modelos de autorresponsabilidad empresarial.
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