Al contratar algunas ONG para construir sistemas de agua potable, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) pagó 73% más de lo que le costó el mismo tipo de obra en una licitación de 2014, según datos de Contrataciones Públicas. El ente prefiere el sistema más costoso, que además viola principios de la Ley 2051, como la transparencia, eficiencia, igualdad y libre competencia.
La administración actual del Indert, presidida por Justo Cárdenas, ha entregado a dudosas ONG millonarios desembolsos del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides). Esta intermediación innecesaria infla costos y además deja un sistema vulnerable a las irregularidades, pedidos de coima y la violación de exigencias fundamentales relacionadas a licencias ambientales (de Seam, Erssan y Senasa).
En lo que respecta a lo estrictamente económico, podemos mencionar que en 2015 el Indert pagó un promedio de G. 494.503.380 por pozo a la ONG denominada Fucela, para obras en Horqueta (Concepción). Mientras que en una licitación de 2014 para el mismo tipo de construcción, el ente adjudicó a solo G. 286.453.235 a la empresa Ysyry Perforaciones, de María Luisa Esteche. Estos datos están disponibles en el portal de Contrataciones Públicas (ver facsímil izquierdo).
El director jurídico de Contrataciones, Luis Godoy, explicó ayer a nuestro diario que esta institución no tiene competencia en las obras que está encarando el ente rural, pero acotó que aún así los contratos excluidos de la Ley 2051 deben regirse por los principios señalados en dicha legislación.
De hecho, el art. 2° señala en su párrafo último: “En las contrataciones excluidas serán responsables los titulares de los organismos, entidades y municipalidades, de la aplicación de criterios que garanticen al Estado paraguayo las mejores condiciones conforme a los principios señalados en el artículo 4° de esta ley”.
Leer la nota completa en Diario ABC
