Los nubarrones que se cernían sobre la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se han despejado, al menos por este año, y por ello es muy probable que pueda terminar su mandato, que vence el año próximo. Finalmente, ayer la Cámara de Diputados archivó el juicio político contra la fiscala durante una fugaz sesión extraordinaria, en la que ni siquiera se permitió el debate sobre el asunto. Archivado el tema, quedan, sin embargo, los 13 puntos del libelo acusatorio, los cuales deberá la misma Quiñónez despejar de la única forma posible: mejorando su trabajo. Debe entender que esto no puede, de ninguna manera, ser interpretado como una carta blanca. La principal obligación de la Fiscalía es para con la ciudadanía, a quien le ha fallado catastróficamente. Ahora ella puede comenzar a demostrar su independencia.
La Constitución Nacional establece, en su artículo 266, que el “representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del , gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones”. La Fiscalía General, según la ley, representa a la sociedad para velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales. Entre sus competencias se encuentra “promover la acción penal pública en defensa del patrimonio
público y social, del medioambiente y de otros intereses difusos, de los derechos de los pueblos indígenas, y ejercer la acción penal en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria instancia de parte”. La ley le otorga toda la autonomía necesaria para realizar satisfactoriamente su labor, sin tener que aceptar presiones o imposiciones de ningún sector político. La controversia alrededor de la gestión de la fiscala general , resuelta ayer en la Cámara de Diputados, echó sombras de dudas sobre su administración y es hora de que se decida a mejorar su labor al frente del...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
