Agrofitosan, empresa agroindustrial, propiedad de Atanacio Báez Dávalos y César Báez Iglesias, es denunciada por Antonio Alcaraz, productor de la zona de Campo 9, Departamento Caaguazú. ||Cortesía Agrofitosan es una empresa dedicada al rubro de los agronegocios, sus propietarios Atanacio Báez Dávalos y César Báez Iglesias, a través de la misma conceden líneas de créditos para productores de la agricultura mecanizada o de granos. Alcaraz confiado de que la entrega de su producción granelera a los silos de Agrofitosan, en el silo de Campo 5 Sommerfeld, sorprendido recibió intimaciones de pago, vía notificación judicial y embargos preventivos, de que la empresa en cuestión le reclamaba una multimillonaria deuda, debido a su supuesto incumplimiento. “Entregué unos 87.500 kilogramos de soja al silo de Agrofitosan, con las correspondientes firmas de entrega y recepción, sin embargo la empresa trabó embargo contra mis bienes, tierras, camiones, cuentas bancarias e incluso ingresó mi nombre a la nómina de Informconf, sobre una deuda que ya se suponía que estaba totalmente cancelada”, relata Alcaraz, en su escrito de denuncia, ante la unidad penal del agente fiscal Rafael Ojeda. Empresa habría estafado en reiteradas ocasiones a productor Ante tales circunstancias, Alcaraz reclamó ante la empresa, recibiendo como respuesta que esas eran las directrices que los gerentes y empleados del silo, recibían por parte de Atanacio Báez Dávalos y César Báez Iglesias, propietarios de Agrofitosan.
Agrofitosan, empresa agroindustrial, propiedad de Atanacio Báez Dávalos y César Báez Iglesias, es denunciada por Antonio Alcaraz, productor de la zona de Campo 9, Departamento Caaguazú.
La empresa en cuestión trabaja en líneas de crédito y financiamiento productivo para agronegocios, a los cuales accedía regularmente el ahora denunciante. Su calvario inició en 2017, relata.
Alcaraz entregaba regularmente granos a los silos de Agrofitosan, pero estos no habían sido inventariados como parte de pago, lo que derivó en embargos, hipotecas y otras medidas usurarias. El caso es investigado por el fiscal Rafael Ojeda.
La empresa en cuestión trabaja en líneas de crédito y financiamiento productivo para agronegocios. ||Cortesía
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