Recién ayer, la Fiscalía presentó en formato papel el caso ante el magistrado de Garantías, pese a que había publicitado que la imputación fue presentada el 2 de abril pasado.
Los mismos habían amenazado con paralizar la hidroeléctrica de Itaipú, porque no estaban de acuerdo con la decisión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de poner un tope de G. 37 millones, a los salarios de los funcionarios de las binacionales.
En el caso, están imputados los sindicalistas Miguel Conrado Testti Pera, Javier Villalba Alcaraz, Luis Enrique Cadogan Piraggini, Luis Riveros y Elías Sócrates Vargas Velázquez.
Todos ellos están procesados por el juez por los supuestos hechos punibles contra el funcionamiento de instalaciones imprescindibles (perturbación de servicios públicos) y coacción.
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