Sigue la guerra entre la Contraloría General de la República y la Fiscalía General por la auditoría de la ejecución presupuestaria. El titular del órgano amenazó con recurrir a un auxilio judicial.
Primeramente la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, accionó ante la Corte para poder rendir su ejecución presupuestaria ante el Tribunal de Cuentas y no solo ante la Contraloría. Además pidió la suspensión a los efectos de la ley.
El titular del órgano contralor tildó de “lamentable” dicho accionar por parte de la primera mujer en ocupar la silla principal del Ministerio Público.
Posteriormente la Fiscalía sacó una aclaratoria alegando que solicita al Tribunal de Cuentas la competencia para juzgar las rendiciones de cuentas de las ejecuciones de inversiones del Presupuesto General de la Nación.
Luego García a través de un documento remitido a la fiscala general del Estado refirió que por resolución se aprobó el Plan General de Auditoría de la Contraloría, donde se estableció realizar la auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
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