El contrato S.G. MINISTRO N° 362/12 no dejaba margen a interpretaciones discrecionales. Establecía con precisión que todo atraso en la
El contrato S.G. MINISTRO N° 362/12 no dejaba margen a interpretaciones discrecionales. Establecía con precisión que todo atraso en la ejecución de las obras debía ser sancionado, mediante penalidades diarias y mensuales, deducibles de los certificados de obra, además de otros mecanismos de recuperación económica. Sin embargo, el MOPC fue incapaz de demostrar que haya ejercido estas facultades, incurriendo en un incumplimiento directo de las Condiciones Generales y Especiales del contrato que él mismo administraba.
Los documentos revisados por el Equipo Auditor son contundentes: certificados mensuales presentados por el Consorcio PS con avance físico del 0% (cero por ciento), durante períodos en los que las obras debían estar en plena ejecución. La orden de inicio fue emitida el 4 de enero de 2013 (Gobierno de Federico Franco), y el plazo contractual original fijaba la entrega de las obras para el 4 de enero de 2014 (Gobierno de Horacio Cartes). No obstante, los retrasos no fueron episodios aislados, sino una constante que atravesó varios meses, varios años y varios ejercicios fiscales.
Pese a esta evidencia, no consta que el MOPC haya aplicado una sola penalidad, aun cuando el contrato establecía que cualquier atraso superior al 5% respecto a la curva de avance físico-financiero debía generar una penalización automática del 0,05% del monto contractual vigente, a ser descontada del certificado siguiente. La ausencia total de registros de descuentos o sanciones plantea una pregunta ineludible: ¿por qué el Estado toleró durante años el incumplimiento sin consecuencias?
Ante los requerimientos formales de la Contraloría General de la República (CGR), las respuestas institucionales del MOPC profundizaron la gravedad del caso. Dependencias internas reconocieron que no se hallaron antecedentes de penalidades aplicadas, y que no pueden explicar los motivos de esa omisión, ya que los archivos disponibles no contienen documentación alguna que lo justifique.
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