Una semana después de que el Poder Ejecutivo pusiera en vigor mediante el Decreto 4806 la normativa conocida como "ley garrote" o "ley anti-ONG", organizaciones de la sociedad civil anunciaron que preparan acciones judiciales para frenar su aplicación, por considerar que vulnera derechos constitucionales y fue diseñada para perseguir a actores cívicos críticos del Gobierno.
Entre las medidas en estudio figuran acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, pedidos de medidas cautelares y litigios estratégicos en defensa de la libertad de asociación y expresión.
Las plataformas y redes de organizaciones sostienen que la reglamentación aceleró la entrada en vigencia de obligaciones consideradas desproporcionadas —nuevos registros, reportes financieros ampliados y posibles sanciones por supuestos incumplimientos— que habilitan un control discrecional del Estado sobre su trabajo cotidiano. Señalan que, lejos de aclarar los puntos polémicos, el decreto mantiene definiciones amplias sobre quiénes quedan alcanzados y bajo qué criterios se evaluará su "participación en políticas públicas", lo que abre la puerta a usos selectivos contra voces disidentes.
Las organizaciones recuerdan que ya en 2024 habían advertido que el texto de la ley imponía requisitos vagos y ambiguos incompatibles con estándares internacionales. Con la reglamentación firmada por el presidente Santiago Peña, esas alertas pasan del plano potencial al operativo, por lo que activarán una estrategia legal escalonada: primero cuestionar artículos que consideran inconstitucionales (por afectar libertades de asociación y expresión), y luego, de ser necesario, acudir a instancias regionales para denunciar afectaciones al espacio cívico.
El frente cívico argumenta que la nueva capa de controles se superpone a obligaciones ya existentes sobre transparencia y rendición de cuentas, generando un laberinto burocrático que puede paralizar proyectos sociales, humanitarios y de defensa de derechos. También advierte que la amenaza de sanciones y la incertidumbre regulatoria podrían desalentar a donantes y cooperantes internacionales, con impacto directo en programas de atención comunitaria. En ese sentido, diversas agrupaciones afirman que documentarán efectos inmediatos de la norma para respaldar sus demandas y demostrar daño...
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